En los últimos años, las etiquetas ambientales que clasifica a los vehículos en España (B, C, ECO y CERO) se han convertido en un elemento habitual en el parabrisas de millones de coches. Sin embargo, muchos conductores se preguntan por qué este sistema es tan visible en España mientras que en otros países de la Unión Europea no existe una etiqueta equivalente de uso generalizado.

La explicación está en el reparto de competencias entre Europa y los Estados miembros.

El papel de la Unión Europea

La Unión Europea establece los estándares técnicos de emisiones que deben cumplir los vehículos para poder comercializarse. Estas normas, conocidas como normativas Euro (Euro 4, Euro 5, Euro 6…), fijan los límites máximos de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas o el CO₂.

Estas regulaciones están dirigidas principalmente a los fabricantes y a los procesos de homologación. Su objetivo es reducir el impacto medioambiental del parque automovilístico a largo plazo, pero no están diseñadas como una herramienta de gestión del tráfico urbano ni como un sistema visual para los conductores.

El enfoque de España

España decidió crear un sistema propio de clasificación ambiental a través de la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo principal de estas etiquetas es facilitar la aplicación de medidas de movilidad en entornos urbanos, especialmente en situaciones de alta contaminación o en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Las etiquetas permiten identificar de forma rápida el tipo de vehículo según su tecnología y su normativa Euro, simplificando la toma de decisiones administrativas como restricciones de acceso, bonificaciones o limitaciones de circulación.

¿Por qué no existe una etiqueta única en toda Europa?

La gestión del tráfico urbano y la movilidad en las ciudades es una competencia que recae, en gran medida, en los países y en los gobiernos locales. Cada ciudad europea presenta realidades muy diferentes en cuanto a densidad de tráfico, infraestructura y necesidades medioambientales.

Por este motivo, la Unión Europea no ha implantado un sistema visual único de etiquetado, dejando a cada país la libertad de adaptar sus propias herramientas en función de su contexto.

Un sistema práctico para el ciudadano

El modelo español no sustituye a las normativas europeas, sino que las traduce en un formato comprensible para el conductor. Aunque no mide el uso real del vehículo ni su kilometraje, se ha convertido en una herramienta clave para la gestión de la movilidad urbana.

Para los conductores, conocer la etiqueta ambiental de su vehículo es hoy un factor importante a la hora de planificar desplazamientos y adaptarse a la normativa vigente en cada ciudad.